Admitida a trámite una querella contra dos concejales del anterior gobierno del Ayuntamiento de Villarrobledo

Villarrobledo-aytoEl Juzgado de Instrucción número 1 de Villarrobledo, ha admitido a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento de Villarrobledo, en la que  se imputaba a dos responsables políticos  del anterior equipo de gobierno socialista la comisión de hasta seis posibles delitos tipificados en el código penal, con relación a la ejecución del proyecto del Centro de Interpretación Bodega de Ventas de Alcolea, y que tuvo un coste de 230.000 euros, siendo financiado con fondos públicos del Plan E.

Así lo ha puesto de manifiesto la primera teniente de alcalde y concejala de Economía, Amalia Gutiérrez, que recordó que el pasado día 29 de diciembre, se presentaba al juzgado esta querella contra los  ex concejales socialistas Juan Luis Iñiguez, de Medio Ambiente, y Juan Bautista Torrente, de Obras y Economía, así como contra los representantes de las empresas que trabajaban en el proyecto.

Para Amalia Gutiérrez, la admisión a trámite de esta querella, viene a poner de manifiesto que el Juzgado número 1, en base a la información y pruebas que se le facilitaron en la querella por parte del Ayuntamiento, presume la posible existencia de seis delitos tipificados en el código penal, tales como: Falsificación de documentos públicos, prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y delito de intrusismo.

La concejala popular, reveló que en primer lugar la juez, ha admitido a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento de Villarrobledo, y en segundo lugar, ha acordado incoar diligencias previas, y también dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal.

Añadió que ante esta resolución judicial, sobre la mesa hay dos concejales socialistas imputados por la comisión de seis delitos diferentes.

Amalia Gutiérrez, recordó que desde el principio este proyecto del Centro de Interpretación Bodega de Ventas de Alcolea, ha estado bajo sospecha, partiendo y según han declarado los trabajadores municipales de  que ningún técnico trabajó nunca en el proyecto por expresa orden del anterior equipo de gobierno socialista, que prefirió que los trabajos del proyecto y la dirección de obra la realizaran personas ajenas al Ayuntamiento y a Villarrobledo, con el coste económico que ello supuso y teniendo técnicos profesionales en la plantilla municipal.

Sobre este asunto, matizó tras estas sospechas, lo primero que hicieron fue analizar y revisar el expediente completo, detectándose multitud de irregularidades, ordenándose posteriormente el inicio de una comisión de investigación en la que se tomó declaración a los dos concejales socialistas imputados, técnicos municipales, representantes de las empresas que realizaron el proyecto, y al arquitecto ajeno al Ayuntamiento contratado para hacer  el proyecto y dirigir la obra, completando hasta veinte declarantes.

Gutiérrez, afirma que las personas que declararon en esta comisión de investigación señalaron como  responsable político del proyecto al concejal socialista de Medio Ambiente, Juan Luis Iñiguez cuando se produjeron los hechos.

Por otro lado, y continuando con el análisis de esta comisión de investigación, dio a conocer que una de las primeras irregularidades detectadas fue encontrarse la falsificación de las firmas del arquitecto, que ha llegado a declarar ante notario y el secretario general del Ayuntamiento que de las 26 firmas que aparecen el proyecto, solamente una es suya.

Para la concejala popular, hablar de 25 firmas falsas es hablar de suplantación del arquitecto en un edificio público que no cumple la Ley en cuanto a dirección y supervisión de la obra,  y que está destinado a albergar personas, ya que según señaló el propio arquitecto reconoció que no dirigió, no supervisó, no recepcionó la obra  y no firmó ninguna certificación de obra, por lo que entiende que la figura del arquitecto fue suplantada.

Amalia Gutiérrez, se preguntó quién falsificó las firmas y con qué objetivos, y dijo que le parecía más que curioso que tres días antes de adjudicar y encargar a la empresa el proyecto, estuviera ya hecho y presentado en el Ayuntamiento, y que de confirmarse, podríamos estar hablando entre un amaño entre el equipo de gobierno socialista y la empresa.

Desde el grupo municipal popular, se reclama al anterior alcalde, y actual senador socialista, Pedro Antonio Ruiz.  que dé una explicación a los vecinos de Villarrobledo de lo que sucedió con 230.000 euros de dinero público invertidos en este proyecto, ya que según añadió, el grupo socialista que él presidió, tiene ya tres concejales imputados, Juan Luis Iñiguez y Juan Bautista Torrente por este caso, y Antonio Arribas por el posible desvío de dinero público del Viña-Rock, es decir, tres de los 9 concejales que ahora tienen, con el primero de ellos figurando en la lista electoral del PSOE en la próximas elecciones municipales.

Gutiérrez, dijo que le gustaría saber si los socialistas de Villarrobledo cumplirán la exigencia de Pedro Sánchez de no llevar imputados en sus listas electorales.

Por último, la concejala popular recordó que los socialistas, lejos de dar explicaciones a los vecinos sobre este asunto, la denunciaron a ella y al portavoz de Ciudadanos por Villarrobledo, José Antonio Cabañero por haber presentado una querella sin pruebas, acusándoles de denuncia falsa, y que finalmente, ha sido el juzgado el que va a poner en su sitio a Pedro Antonio Ruiz, Juan Luis Iñiguez y Juan Bautista Torrente, porque la juez presume que con la información que dispone se han podido cometer hasta seis delitos.

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