Inspección de Trabajo denuncia en la Fiscalía al modisto Alejandro de Miguel por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores

Por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, castigado en el Código Penal con entre seis meses y seis años de prisión.

“A instancias de la Inspección, De Miguel ingresó el pasado mes de julio a cada una de sus trabajadoras entre 3.500 y 6.500 euros para saldar algunos de sus numerosos impagos salariales. Pero inmediatamente después, les obligó a devolvérselo”. 

La Inspección aporta al ministerio fiscal un amplísimo informe de las actuaciones iniciadas hace más de un año a instancias CCOO, además de una grabación y de extractos de cuentas bancarias que apuntan la presunta actuación delictiva del modisto.

Comunicado de CCOO:

www.alejandrodemiguel.com

La Inspección de Trabajo ha remitido a la fiscalía de Toledo las actuaciones sobre los incumplimientos salariales y prácticas laborales irregulares del modisto Alejandro de Miguel, por apreciar un presunto delito contra los derechos de los trabajadores descrito en el artículo 311 del Código Penal y castigado con prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses.

A raíz de la denuncia presentada por CCOO en noviembre de 2016, la Inspección constató numerosas prácticas anómalas e incumplimientos en materia salarial, por lo que el pasado mes de julio requirió a la empresa ‘Grupo de Confección Cadenas SL’, propiedad del mencionado modisto y de su familia, a abonar a sus trabajadoras las deudas no prescritas, entre 3.500 y 6.500 euros a cada una de ellas.

El modisto realizó los correspondientes ingresos por transferencia bancaria “para aparentar el cumplimiento del requerimiento” de la Inspección, pero exigió a las trabajadoras que le devolvieran el dinero nada más recibirlo en sus cuentas; lo que hicieron todas menos una, que fue inmediatamente despedida.

Alejandro de Miguel, junto con sus hermanas y su madre -que figura como administradora de la empresa, aunque es el diseñador “quien en todo momento hace de representante de la mercantil”-, convocó a esta trabajadora para exigirle que devolviera el dinero.

La mujer grabó esta conversación, en la que el diseñador y sus familiares exigen a la trabajadora el dinero que le habían ingresado por requerimiento de la inspección; y subrayan en varias ocasiones que “todas las demás lo han devuelto.”

Tras conocer estos hechos, el pasado 21 de agosto CCOO amplió su denuncia inicial ante la Inspección de Trabajo, aportando el 11 de septiembre la grabación facilitada al sindicato por la trabajadora y su transcripción textual.

La Inspección avala con diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional la “licitud” de esta grabación, que también ha aportado a la Fiscalía junto con su transcripción.

Además, para confirmar la veracidad de la grabación y de los gravísimos hechos que en ella se revelan, la Inspección requirió a una entidad bancaria los movimientos de cuentas de varias trabajadoras “a efectos de poder comprobar la retirada de dicho efectivo para, supuestamente, devolvérselo al empresario (…) ya que se podría estar ante un posible delito del artículo 311 del código penal”

Los extractos facilitados por el banco muestran que las trabajadoras retiraron de inmediato de sus cuentas el dinero que les acababa de ingresar Alejandro de Miguel.

Corroborados así los hechos denunciados por CCOO y revelados por la grabación aportada por la trabajadora despedida, la Inspección ha remitido a la fiscalía sus actuaciones y las pruebas acumuladas que apuntan al mencionado delito penal.

El ministerio fiscal deberá ahora estudiar “los posibles delitos (…) que se castigan con las penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses”; y las pruebas de las que dispone para demostrarlos; y en su caso formular la correspondiente denuncia penal contra el responsable de la empresa “Grupo de Confección Cadenas SL”

En este sentido, la Inspección señala “aunque no es el administrador de la empresa (…) se entiende que don Alejandro Jiménez Tirado (Alejandro de Miguel) es realmente el dueño de la misma”, quien ha actuado y adoptado las decisiones del artículo 31.1 del Código Penal y, por tanto, quien debe responder personalmente de las posibles penas derivadas de la conducta presuntamente delictiva.

Entre otras muchas pruebas de ello, el informe remitido a la Fiscalía por la Inspección aporta los movimientos de la cuenta bancaria de Alejandro de Miguel, donde “se comprueba cómo realiza transferencias a las trabajadoras y realiza facturaciones de comercio fuera de la propia cuenta de la mercantil”

Por todo ello, “se entiende que Don Alejandro es el responsable principal de tener a los trabajadores con condiciones inferiores a las que se establecen legalmente, exigir la devolución del dinero transferido y de adoptar medidas sancionadoras de despido en caso de no atender sus exigencias, mediante supuestas amenazas y coacciones”

Tras las sanciones impuestas el pasado verano, la Inspección ha seguido constatando otros incumplimientos laborales y salariales por Alejandro de Miguel, emitiendo primero los correspondientes requerimientos y después imponiendo sanciones al afamado modisto.

Entre las prácticas habituales de su empresa está el abono de nóminas cerca de 200 euros inferiores a lo establecido en el convenio, si bien las trabajadoras debían firmar que reciben mensualmente el salario de convenio; el impago de varios pluses y de las pagas extras establecidas en el convenio, e incluso el impago del mes de vacaciones (“por tradición, aquí las vacaciones no se pagan”, dice Alejandro de Miguel en la grabación mencionada). Todos estos incumplimientos afectan a toda la plantilla, si bien se agravan en el caso de algunas trabajadoras.

Al tiempo, CCOO tramita demanda de nulidad del despido de la trabajadora que rehusó devolver a la empresa el dinero que le ingresaron por requerimiento de la inspección; así como el de otra trabajadora que fue despedida previamente; y a la que presuntamente obligó a firmar la recepción del dinero del finiquito, aunque luego no se lo ingresó.

Agradecimiento de CCOO a la Inspección de Trabajo              

CCOO aplaude y agradece profundamente la actuación encomiable, rigurosa y exhaustiva de la Inspección de Trabajo en la investigación, durante más de un año, de las prácticas laborales irregulares, presuntamente delictivas, del empresario Alejandro de Miguel.

La labor de la Inspección, atendiendo a las denuncias de CCOO, ha culminado, de momento, con la remisión a la Fiscalía de un amplio y detallado informe que apunta la comisión por parte del afamado modisto toledano de un presunto delito del artículo 311 del Código Penal, contra los derechos de los trabajadores. En este caso, contra los derechos, sobre todo, de mujeres trabajadoras, pues son mujeres casi todas las empleadas del señor Alejandro de Miguel.

Le corresponde ahora al ministerio público valorar el informe de la Inspección y las pruebas que lo respaldan; y actuar en consecuencia.

La crisis económica y la degradación del marco laboral de nuestro país, a base de reformas legales encaminadas a desmantelar los mecanismos de defensa y protección de los derechos de los trabajadores, han propiciado, facilitado e incluso alentado la extensión de los abusos empresariales, hasta rebasar incluso el Código Penal.

El caso de Alejandro de Miguel se inicia cuando comienzan a llegar al sindicato denuncias de trabajadoras atemorizadas que relatan cómo se ven obligadas a firmar nóminas por cuantías que realmente no cobran; a realizar horas extras no remuneradas; a renunciar a los pluses y pagas extras establecidos en el convenio…

Estas prácticas están demasiado extendidas. Son numerosos los trabajadores que las sufren en empresas en las que, directamente, no existe el Estado Social, Democrático y de Derecho. Los derechos de los trabajadores se quedan fuera, en la puerta.

CCOO no va a dejar de luchar frente a estos ‘empresarios’, que abusan de sus trabajadores y denigran a todos los demás. En ese combate, el esfuerzo, el compromiso de la Inspección de Trabajo es capital. Pero no sólo de la Inspección. Los esfuerzos conjuntos del sindicato y de la Inspección son demasiado a menudo insuficientes, incluso cargados de razones y poniendo el máximo empeño.

Basta recordar que, sin salir de Miguel Esteban -el pueblo de Toledo donde tiene su taller Alejandro de Miguel-, el delegado provincial del Ministerio de Empleo sobreseyó de forma arbitraria el contundente informe de una inspectora sobre las prácticas contra los derechos de los trabajadores -y contra los intereses de la Seguridad Social- de otro ‘empresario’, también del sector textil. Y no contento con dar carpetazo al asunto, el delegado en cuestión, ex alcalde del citado municipio y familiar del empresario denunciado por la Inspección, forzó el cese de la Inspectora, a la sazón responsable regional del cuerpo de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social.

Es imprescindible que no sólo la Inspección, sino el conjunto de los poderes públicos, así como los empresarios honestos (la inmensa mayoría), se impliquen también activamente en la batalla para erradicar de nuestras empresas las prácticas abusivas, explotadoras, contrarias a la ley (los convenios colectivos también son Ley).

Esta misma semana, CCOO ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por actuaciones empresariales contra los derechos de los trabajadores. Hoy mismo, CCOO de Toledo ha convocado una concentración frente a una cadena de pizzas que, además de incumplir el convenio de arriba abajo, despide a los jóvenes trabajadores que se atreven a expresar su queja por los abusos que sufren.

Hoy mismo, en otra empresa de la región (ANRO, Tomelloso) se inicia, por primera vez en sus dos décadas de historia, un proceso electoral para que sus trabajadores elijan a sus representantes. Hasta ahora había sido imposible, el único intento precedente se saldó con el despido de los candidatos.

Hoy se constituye la mesa electoral, pero ANRO ha vuelto a hacer lo mismo: ha despedido a dos candidatos de CCOO y, de paso, a la compañera de uno de ellos; que, para más inri, se encontraba de baja por maternidad.

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