La concertada nos roba | Opinión | Por Jose Ramón Rodríguez Martínez @Ramon_Brelobo

Por Jose Ramón Rodríguez Martínez @Ramon_Brelobo 

Acabo de ver un reportaje de Espejo Público que denuncia irregularidades en la educación concertada de la Comunidad de Madrid (El ‘impuesto’ revolucionario de los colegios concertados). Lo llaman “impuesto revolucionario”, supongo que para llamar la atención dando un tinte etarra al titular, en su línea habitual de mezclar información con opinión y con morbo. Pero la información es correcta.

Antena 3 se da cuenta, en 2017, de que en la mayoría de concertados cobran cuotas ilegales, cosa que lleva pasando toda la puñetera vida, no solo en Madrid y no solo en la concertada de nueva creación. Pasa en toda España y muchos concertados con solera cobran estas cuotas desde hace décadas.

Son cuotas ilegales porque no tienen derecho a cobrarlas, ya que la educación básica en concertados tiene que ser tan gratuita como en los públicos. Es ilegal que un centro financiado con dinero público se lucre por la actividad docente y además se produce competencia desleal a centros privados. La defensa de la libre empresa se le olvida a algunos cuando topa con según quien.

Cobran obligatoriamente por conceptos como “atención médica”, “atención psicológica”, “calefacción”, “proyecto educativo diferencial”, “mantenimiento”, “actividad deportiva” y otros de lo más variopintos que, o deberían proveer gratuitamente, o en caso de cobrarlos debe ser algo opcional. Hay gente que no paga, pero tiene padrinos, la mayoría de los padres tienen que pagar o se quedan sin plaza.

Por eso es tan difícil ver personas en riesgo de exclusión social en centros concertados. Por eso se acumulan en los centros 100% públicos los hijos e hijas de la gente pobre. Esto profundiza la brecha social y fomenta el clasismo y la xenofobia, caldo de cultivo ideal para el auge de la extrema derecha.

Pues fíjese, resulta que la Fiscalía, esa que actúa contra titiriteros, cantantes, consultas y tuiteros con la celeridad del rayo, en este problema hasta ahora no actuaba de oficio: tenían que ser los padres quienes denunciasen. Y ya veremos lo rauda que es la fiscalía en este caso. Si pisan el acelerador en la misma medida que cuando tratan Cataluña, lo tenemos resuelto para el fin de semana.

Dicen que los de Podemos queremos acabar con la educación concertada. Falso. Queremos acabar con las estafas y meter a los estafadores en la cárcel.

Y ya de paso, queremos echar de las instituciones a quienes defienden la santidad de la iniciativa privada pero permiten y alientan que lo privado parasite a lo público.

Otro día hablaremos de adoctrinamiento religioso pagado con dinero público, pero para eso hace falta otro artículo.

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