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Pedro Soriano investiga un posible caso de prevaricación, tráfico de influencias y falso testimonio en Urbanismo

El concejal ha contado que “hay irregularidades en la tramitación de un expediente de legalización de 2 áticos de un socio de promotoras urbanizadoras relacionado con un alto cargo de la Gerencia”.

Soriano ha señalado que “el Ayuntamiento presuntamente se negó a iniciar expedientes sancionadores a estos infractores, y utilizó medios y fondos de las maltrechas arcas municipales para recurrir en vía judicial”.

A Soriano le ha resultado curioso que “estos áticos se hayan legalizado hace casi 2 años y sigan sin actualizarse los datos en el Catastro y Registro de la Propiedad”.

Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete, ha anunciado que investiga un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y falso testimonio en la Gerencia de Urbanismo de Albacete. “Se han comprobado numerosas irregularidades en la tramitación de un expediente de legalización de 2 áticos de un padre y socio de promotoras urbanizadoras relacionado con un alto cargo de la Gerencia de Urbanismo”, ha anunciado.

Soriano ha señalado que “el Ayuntamiento presuntamente se negó a iniciar expedientes sancionadores a estos infractores, y utilizó medios y fondos de las maltrechas arcas municipales para recurrir en vía judicial”. “El Consistorio no sólo fue en contra de sus propios intereses, ya que dejó de recaudar dos sanciones, sino que infringió la ley por vulnerar el artículo 320.1.C del Código Penal”, ha asegurado.

“En esta tramitación tan irregular – ha proseguido el concejal – se necesitaron varios procedimientos judiciales y más de 4 años para que se sancionase al infractor, puesto que el Ayuntamiento, pese a la sentencia que le ordenó iniciar un procedimiento sancionador, insistió en no hacerlo mediante alegaciones que los mismos magistrados señalaron en las sentencias que eran contrarias a la ley”. Según ha dicho Soriano, “presuntamente hablaríamos de prevaricación en informes y decretos, puesto que cualquier letrado sabe que la vía judicial interrumpe los plazos de prescripción o que el contenido de una escritura pública nunca está por encima del PGOU”.
Por lo tanto, el edil ha destacado que “se vulneró reiteradamente la ley”. “Ocurrió al iniciar la legalización fuera de plazo, sin dar traslado de ninguna de las actuaciones al denunciante, impidiendo así que pudiese realizar alegaciones. Se otorgó licencia de legalización y excedente de terreno de la central contable a una promotora que no es la dueña de los áticos ilegales, ni va a realizar obra alguna en los mismos, ya que como mínimo estaba finalizada 7 años antes, ni era parte en el procedimiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ordenó iniciar la posible legalización sólo si se cumplía la legislación vigente, que no era el caso”.

Soriano ha puesto un ejemplo muy reciente de “igualdad y transparencia” que se registró en la última sesión plenaria. “El alcalde reprobado de la ciudad, Javier Cuenca, no dio ninguna explicación al vecino Enrique González, ni siquiera le ofreció la posibilidad de llegar a algún entendimiento antes de que procediesen a embargar su parcela. En este procedimiento de legalización, el Consistorio obró de forma muy distinta y se llegó a un punto en que se embargan los bienes de quien quería legalizar su parcela, mientras que en el caso del padre y socio, del alto funcionario de la Gerencia de Urbanismo, el dueño tuvo que ser denunciado y puso todas las trabas para abrir la puerta de los áticos ilegales a inspectores, además de que el Ayuntamiento se negó a sancionarle y los tribunales tuvieron que obligarle. Al final, se legalizaron 2 áticos en la plaza del Altozano por valor de 154.963, 29 euros”.

“Parece ser, una vez más, que hay una justicia para enchufados y familiares y otra para el resto de ciudadanos”, ha afirmado el edil. A Soriano le ha resultado curioso que “estos áticos se hayan legalizado hace casi 2 años y sigan sin actualizarse los datos en el Catastro y Registro de la Propiedad”, por lo que ha dicho que “puede que sea complicado justificar la legalidad de unos áticos en los que han quedado dentro servicios comunes de la comunidad de propietarios como, por ejemplo, la maquinaria de los ascensores”.

Soriano también ha asegurado que es “escandaloso” que dos áticos en la plaza del Altozano, de aproximadamente 350 metros cuadrados, que costaron poco más de 150.000 euros, no tributen presuntamente el Impuesto de Bienes Inmuebles por no estar regularizada su situación en el Catastro. “Además, el alcalde reprobado se niega a expedientar al funcionario público, que encargándose de gestionar, por ejemplo, el P.O.M, tiene una actividad privada en sociedades encargadas de compra y venta de terrenos y su urbanización, por si no fuera suficiente con las denuncias a las sociedades de las que es miembro”, ha finalizado.

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